El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael -Pepe- Abreu, manifestó ayer que tanto la ministra de Trabajo, Maritza Hernández, como el director del Comité Nacional de Salarios (CNS) han cedido a las presiones y negativas del sector empresarial, razones que a su juicio son las que explican el porqué no se ha convocado a la revisión del salario mínimo.

Dijo que preparan un recurso de amparo de cumplimiento, que será depositado el próximo jueves en el Tribunal Constitucional, para exigir a los empresarios cumplir con la resolución 02-2013, mediante la cual se comprometieron con los trabajadores a revisar el salario mínimo este año.

Acusó al Ministerio de Trabajo de estar favoreciendo y siendo parcial con los empresarios y que es incomprensible que la ministra Hernández defienda la postura de los empleadores, cuando ella es firmante de la resolución.

Apuntó que la actitud de los empresarios de desconocer el acuerdo a que se arribó el año pasado, muestra que jugaron a tenderle una “trampa” a los trabajadores, firmando para después desconocer el pacto. Abreu apuntó que esta “trampa” perjudica a los mismos empresarios, ya que pierden calidad moral para exigir seguridad jurídica, ni cumplimiento de acuerdo a ningún sector.

El dirigente sindical enfatizó que en lo que sigue, desarrollarán su lucha en dos escenarios, en la justicia y en las calles protestando frente a la Torre Empresarial y el Ministerio de Trabajo.

Piden al Congreso
La CNUS pidió a diputados y senadores “honrar el compromiso, que no lo honró el Poder Ejecutivo”. Afirmó que los legisladores como otro poder independiente del Estado debe tener la calidad de hacerlo. Dijo que la comisión bicameral que recibió la propuesta se comprometió a plantear el problema y defender “esta justa demanda”.

En la propuesta entregada, las Centrales Sindicales solicitaron a los congresistas reestructurar el presupuesto en función de las necesidades prioritarias de la población y que mediante un esfuerzo de “acomodar partidas sacrificando elementos que no fueran imprescindibles” incluyan un aumento de sueldos a los trabajadores de más bajos ingresos del sector público, a jubilados, pensionados y policías.