La capitalización de las empresas distribuidoras de electricidad (Edes) es un eje estratégico para solucionar la situación del sector eléctrico nacional, así lo planteó el economista Hector Guiliani Cury al disertar en el V foro anual “Desafíos y mejoras necesarias en la distribución de electricidad en República Dominicana”.

Guiliani Cury sustenta su propuesta en la incapacidad de las Edes para abastecer la demanda y ofrecer un servicio de calidad, así como en la falta de credibilidad y capacidad administrativa para mejorar la gestión del sector que tiene el Gobierno.

“La primera razón por la cual el dominicano resiste el alza del precio de la electricidad es que percibimos al Gobierno y a las empresas públicas como centros de dispendio, de creación de botellas, y de corrupción. Las empresas públicas son propiedad de los políticos de turno, no tienen dolientes”, argumentó.

Es por ello que Guiliani  Cury propone traspasar la propiedad patrimonial de las Edes para que sean gestionadas con criterios comerciales y de servicio.

“La modalidad a adoptar sería privatizar estas empresas, diseminar y atomizar la propiedad patrimonial de las distribuidoras en todos los sectores de la población mediante la venta de acciones de estas compañías, a través de mecanismos que permitan una participación amplia de la población y que impida la concentración de las acciones en pocas manos”, explicó.

Los precios 
Otro aspecto que a juicio de Guiliani Cury es esencial para lograr una reforma exitosa en el sector eléctrico, es establecer reglas de precios que reflejen el costo económico del suministro de electricidad, y que permitan (entre otros aspectos) cubrir los costos operativos, satisfacer el 100% de la demanda e invertir en redes, medidores y tecnología para ofrecer mejores servicios a los clientes.

“La carencia de una regla de precios  que refleje el costo económico del suministro de electricidad se ha reflejado en altos costos para el sector, el consumidor, el fisco, y la sociedad”, afirmó el profesional de la economía. 

En conclusión, Guiliani entiende que el deber del Gobierno es asegurar precios económicos de venta de la energía, de forma tal que las empresas de distribución, transmisión y generación agreguen valor a la sociedad con beneficios a sus accionistas, pago de impuestos al fisco y un medioambiente sano.