El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, sostuvo ayer que durante el mes de agosto la empresa tuvo una facturación récord en el costo de la energía de US$210 millones impulsadas por la ola de sequía y calor que ha afectado al país durante los últimos meses. Dijo que es necesario saber cómo enfrentar este aumento del consumo.
Durante su participación en el II Foro Objetivo País organizado por la Cámara Americana de Comercio y Deloitte República Dominicana, Jiménez Bichara reveló además, que se está cerca de arribar a un acuerdo definitivo con la Compañía de electricidad de San Pedro de Macorís (CEPM) para la conversión de la Cogentrix a gas natural. Sostuvo que han logrado consensuar 21 diferencias. “Viene un proceso de conversión que podría durar de tres a seis meses en su fase técnica, luego la construcción del ducto de suministro de la planta y la alimentación a gas para validar esa conversión” dijo.
En el panel titulado “El futuro eléctrico del país: su calidad y sostenibilidad”, moderado por Rafael Velazco, participaron además, el gerente para República Dominica de Interenergy Holdings, Roberto Herrera; y el representante de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, Ary Naím.
Sobre la construcción de las plantas de Punta Catalina en base al carbón, el ejecutivo de la CDEEE afirmó que no hubo opción. “Aquí no se ha escogido el carbón, aquí había una sola vía que era el carbón, no había otra” enfatizó.
Explicó que en el mercado del gas natural no hay garantías del suministro del combustible a precios aceptables y por esto sería ilógico que las plantas que se construyen dependan de este carburante. Señaló que no comprende algunas críticas con respecto a esto e indicó que “se debe tomar una decisión seria y honesta en torno a lo que es posible y lo que es conveniente para el país”.
En cuanto a generación, el funcionario apuntó que no concuerda con la idea de que el Estado deba competir con el sector privado, pero que el Gobierno tiene responsabilidades que no puede relegar. Aseguró que la parte privada puede participar en el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, ya sea vía acciones o financiamientos, “el Gobierno está abierto a cualquier propuesta que sea provechosa para el proyecto” dijo.
Roberto Herrera, representante de la CEPM expuso la experiencia de la empresa en disminución de pérdidas eléctricas indicando que para lograr una reducción eficaz se necesita un compromiso de largo plazo de inversión sostenida en el sector. Refirió que han bajado las pérdidas a 5.26% en base a la estrategia de: Invertir en medidores inteligentes prepago, mejorar el estado de las instalaciones y educar a los consumidores. Manifestó que se necesita focalizar el subsidio estatal para evitar desperdicio de energía y combinar gestión, alta tecnología y estructura tarifaria.
En tanto, el representante de IFC, fundamentó su presentación en los desafíos del sector energético, refiriendo que el compromiso del Banco Mundial es promover la inversión privada. Resaltó los logros alcanzados mediante los proyectos financiados por la entidad apuntando que mediante la implementación de programas puntuales han logrado reducir las pérdidas en un 10%.
Institucionalidad
En el panel sobre “La influencia de tener instituciones fuertes en la competitividad y la inversión”, moderado por Mary Fernández, participaron: El presidente de la Fundación Brugal, Franklin Báez Brugal; el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño; y el viceministro de Fomento a las Pymes, Ignacio Mendez.
En una magistral conducción del panel, Mery Fernández cuestionó a los ponentes sobre las causas de las principales debilidades que en materia de institucionalidad presenta la nación. En esta parte se abordaron las consecuencias de la corrupción en el país y la responsabilidad estatal y del sector privado en este mal.
Los panelistas reconocieron ligeros avances en esta materia, sin embargo afirmaron que aún los organos de control del Estado estan lejos de cumplir sus roles. Señalaron que las debilidades intitucionales se reflejan en las acciones poco éticas de los funcionarios y del empresariado. “Tanto es corrupto un funcionario que desvía dinero del Estado, como un empresario que declara un sueldo de RD$2,500 a la seguridad social” consideró Ignacio Mendez.
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DEBATE SOBRE EL MERCADO LABORAL
Elevar los salarios de los trabajdores crearía un impacto positivo en la economia , en la seguridad social y en la creación de empleos, asi lo defendió Maribel Batista, abogada y asesora de las centrales sindicales, quien participó junto al economista Ernesto Selman y al presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Jaime González en la discusión sobre los fundamentos para garantizar la calidad del mercado laboral, abordado en el Foro.
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